Caso Leire Díez

Caso Leire Díez
Tribunal	Audiencia Nacional
Partes
Fiscalía Anticorrupción Acusaciones populares Leire Díez Castro Javier Pérez Dolset Pere Rusiñol
Jueces	Santiago Pedraz
Historial del caso
Acciones relacionadas	PSOE

El caso Leire Díez, también conocido como caso Fontanera o caso Cloacas del PSOE, es una investigación judicial abierta en España en 2025 sobre una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz y se basa en gran medida en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El caso recibe su nombre de Leire Díez, militante socialista hasta el 3 de junio de 2025, cuando solicitó la baja voluntaria como afiliada del PSOE, y antigua directiva de empresas públicas, a quien diversos medios de comunicación calificaron como «fontanera» del PSOE debido a sus actividades de intermediación política y a sus contactos con investigados, abogados, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y responsables institucionales. Según la UCO, Díez habría desempeñado un papel ejecutivo dentro de una estructura presuntamente coordinada junto al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los investigadores sostienen que dicha estructura habría intentado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales, promover actuaciones contra miembros de la UCO e influir en diversas causas judiciales mediante ofrecimientos de apoyo, ventajas procesales, contraprestaciones económicas o acceso a cargos públicos. Parte de estas conclusiones se apoyan en mensajes, grabaciones y documentación incorporados al sumario judicial.

La investigación ha dado lugar a registros, incautaciones de documentación y análisis de la financiación de determinadas actividades atribuidas a la trama. Ha generado controversia política por las referencias contenidas en los informes policiales a dirigentes del Partido Socialista, así como vinculación a miembros de la Administración y personas próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto el PSOE como varios de los implicados han rechazado las acusaciones y niegan la existencia de una organización destinada a interferir en investigaciones judiciales.

Imputados

El 27 de mayo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó en esta causa a:

• Leire Díez Castro.
• Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE)
• Gaspar Zarrías (exdirigente del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía)
• Javier Pérez Dolset
• Jacobo Teijelo (abogado de Cerdán)
• Juan Sánchez Yepes (exagente de la Unidad Central Operativa)
• Ana María Fuentes (gerente del PSOE)

El 29 de junio de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó a 25 personas más en la causa:

• José Vicente Berlanga Arona (expresidente de ENUSA)
• Rosario Arévalo Sandez (directora de Desarrollo Corporativo de ENUSA)
• Francisco Javier López Buciega (director de Acciona)
• Juan Antonio Carrilo Donaire (socio del despacho de abogados SdP Estudio Legal)
• María Teresa Castillo Pasalodos (directora de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España)
• José Ramón Sempere Vera (expresidente de Mercasa)
• Mikel Arrarás Abejón (arquitecto técnico Servinabar)
• Julián Mateos Aparicio Prieto (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Miguel Ángel Figueroa Teva (exdirector del área de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Francisco Irazusta Rodríguez (expresidente de Tubos Reunidos)
• Jesús Pérez Rodríguez Urrutia (exconsejero de Tubos Reunidos)
• Miguel Ángel Santiago Mesa (Director Corporativo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Carlos López de las Heras (director general de Tubos Reunidos)
• Rosario Martín Manzanedo (exdirectora del área de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Belén Gualda González (presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Félix Azcona Lacarra (director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
• Fernando Albert Aragón (Secretario General de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial)
• María de la Concepción Ortiz Fuerte (presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)
• Antonio José Sánchez Campos (hijo de del propietario de Forestalia)
• Marcos López Domingo (administrador de sociedades)
• Fernando Samper Rivas (fundador y expresidente de Forestalia)
• Roberto Pérez Águeda (abogado del PSOE)
• Eduardo Pérez Águeda (presunto testaferro)
• Carmelo Aznarez Pellicer (directivo de Forestalia)
• Juan Ignacio Fernández-Micheltorena (Director Financiero de Construcciones y excavaciones Erriberri)

El 2 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional, imputó también a la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo del mismo instituto armado, el teniente general Manuel Llamas Fernández.

El 10 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

Leire Díez

María Leire Díez Castro nació en Portugalete (Vizcaya) en 1975 y se licenció en Ciencias Sociales y de la Información, con especialidad en Periodismo, por la Universidad del País Vasco en 1997.

Inició su trayectoria política en las listas electorales del PSOE, siendo elegida concejala en las elecciones municipales de España de 2011 y ocupando el cargo de teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas, entre 2011 y 2014, así como vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos, aunque siempre ha vivido en Portugalete.

Posteriormente, entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros.

Revelación del caso

Filtración de grabaciones

En mayo de 2025, Leire Díez se situó en el centro de una polémica mediática tras la publicación de unos audios por parte de El Confidencial. En ellos se la vincula con una supuesta operación del PSOE para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Esta unidad dirige investigaciones sensibles, como el caso Koldo y otras causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según las grabaciones, Díez habría mantenido una videollamada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el pasado por fraude en la venta de combustible, en la que le solicitaba información comprometida sobre Balas. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido al yihadista Abu Dahdah. Durante la reunión, Díez habría ofrecido, en nombre del entorno socialista, un posible acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de esa información.

En los audios se escucha a Díez solicitar «un papelito» que sirviera para cuestionar la imparcialidad de Balas. Sin embargo, Hamlyn rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Según diversas opiniones, el objetivo de la operación habría sido minar la credibilidad de la UCO y frenar el avance de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.

Reacciones políticas y mediáticas

En declaraciones del 27 de mayo de 2025, Leire Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que se trataba de una reunión enmarcada en una supuesta investigación periodística sobre la trama de los hidrocarburos con vistas a publicar un libro. Sin embargo, no consta que Díez haya trabajado en ningún medio de comunicación ni como periodista autónoma. En entrevistas concedidas a La Sexta y El Diario Montañés, afirmó que el audio fue publicado de forma parcial y fuera de contexto, negando actuar por encargo del PSOE ni de Santos Cerdán. El Confidencial, en respuesta, publicó la grabación íntegra, de unos 53 minutos de duración.

El PSOE se desvinculó públicamente de Díez. La portavoz del partido, Esther Peña, negó que tuviera relación laboral con la formación: «No ha estado nunca en nómina» y «no habla en nombre del partido». Por su parte, Santos Cerdán admitió conocerla desde hace años, pero dijo desconocer a qué se dedica en la actualidad.

El 28 de mayo, El Confidencial reveló otro audio, grabado en septiembre de 2024, en el que Javier Pérez Dolset afirmaba que la operación para desacreditar a la UCO había sido impulsada directamente por Pedro Sánchez y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán [...] y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir».

Pese a las negaciones oficiales, diversos medios han subrayado la cercanía de Díez con figuras relevantes del PSOE. En sus redes sociales ha compartido imágenes junto a Patxi López, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Además, según fuentes del PSOE cántabro citadas por El Diario Montañés, la propia Díez habría comentado en privado que colaboraba con Cerdán en tareas de «asesoramiento contra la desinformación».

Ampliación de las acusaciones

El 28 de mayo, El Mundo y La Razón informaron de una nueva reunión entre Leire Díez y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en el caso Koldo. Según estas fuentes, el objetivo habría sido recabar información sensible sobre la UCO y sobre Víctor de Aldama, además de evitar que este último revelara datos comprometedores en el marco de diversas investigaciones judiciales relacionadas con el Ejecutivo. La Razón añadió que Díez también habría contactado con varios empresarios imputados por corrupción, instándoles a obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales de Badajoz presuntamente vinculados al caso David Sánchez.

En paralelo, también intentó desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda, implicado en investigaciones sensibles como el caso del 3% y la causa contra Carles Puigdemont, mediante la difusión de un vídeo de contenido sexual que, según ella, lo comprometía directamente. El material fue ofrecido a varios medios de comunicación, entre ellos El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, quien en 1997 fue víctima de una maniobra similar. El Español rechazó publicar el contenido, alegando que carecía de interés informativo, afectaba a la vida privada del fiscal y que su obtención podría constituir un delito.

Además, se ha revelado que Leire Díez coordinó acciones para obtener información comprometedora sobre la jueza Beatriz Biedma, quien instruye el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según informes de prensa, dos militantes del PSOE, identificados como colaboradores de Díez, viajaron a Badajoz para recopilar datos personales sobre la magistrada, con el objetivo de desacreditarla, aunque no encontraron elementos irregulares en su historial. Asimismo, se ha informado que Díez contactó con empresarios investigados por corrupción para obtener información sobre jueces y fiscales relacionados con el caso de David Sánchez. También mostró interés en contactar con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien había presentado recursos para recusar a la jueza Biedma por «enemistad manifiesta».

Igualmente, El Español también publicó que Díez estuvo contratada entre junio y octubre de 2024 en una supuesta empresa fantasma dirigida por Gaspar Zarrías, quien había sido anteriormente condenado a nueve años de prisión por el Caso ERE en Andalucía hasta que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la sentencia en julio de 2024, desde donde habría estado investigando para intentar desacreditar el caso. Por su parte, elDiario.es informó que Díez presentó a Javier Pérez Dolset en la sede del PSOE en Ferraz afirmando haber obtenido supuestas pruebas que demostrarían un "complot político, judicial y policial" en torno a la investigación del caso, aunque el PSOE acabó desestimando la información recabada al no aportar novedad alguna respecto a lo ya conocido sobre el mismo.

Repercusiones políticas

El 3 de junio, Díez solicitó su baja voluntaria del PSOE tras declarar durante dos horas ante los servicios jurídicos del partido en la sede de Ferraz. En ese encuentro, entregó un pendrive con más de 2000 documentos que, según afirmó, forman parte de una investigación periodística sobre supuestas tramas de corrupción ligadas a la llamada «policía patriótica», al sector de los hidrocarburos y a figuras próximas al Gobierno.

Un día después, ofreció una rueda de prensa en Madrid para defender su versión. Negó actuar en nombre del PSOE y reiteró que todo formaba parte del trabajo de documentación para un libro. El acto fue interrumpido por Víctor de Aldama, quien la acusó públicamente de mentir. Díez abandonó la sala escoltada por Javier Pérez Dolset y anunció su intención de denunciar a Aldama por «actitud violenta».

El 5 de junio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, bloqueó la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja, pese a haber sido solicitada por PP, ERC y Podemos. Armengol decidió no incluirla en el orden del día de la Mesa, que se reunió telemáticamente esa tarde. Como consecuencia, su calificación quedó pospuesta al 10 de junio, y el debate en la Junta de Portavoces se aplazó hasta el día 17. La comparecencia del presidente quedaría así relegada a la última semana del mes, cuando estará fuera del país por la cumbre de la OTAN (24 y 25 de junio). En consecuencia, no regresará al Congreso hasta después del verano.

Investigación judicial

La investigación judicial del caso comenzó en julio de 2025 en distintos juzgados de Madrid y adquirió una dimensión nacional en 2026 tras la intervención de la Audiencia Nacional. Las diligencias se centraron inicialmente en los audios protagonizados por Leire Díez, pero posteriormente se ampliaron a una presunta estructura organizada destinada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE.

Diligencias iniciales

El 16 de julio, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid acordó la apertura de diligencias para investigar a Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Posteriormente, el mismo juzgado reenvió la denuncia al Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid al haber incoado éste la causa en primer lugar.

El 31 de julio, el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid citó a declarar como imputada a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras una denuncia interpuesta por la organización Hazte Oír y con el aval de la Fiscalía.

El 10 de octubre, el juez instructor amplió su investigación y citó a declarar como imputado al empresario Javier Pérez Dolset el mismo día que Díez por presuntamente intentar sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda.

El 7 de noviembre, el juez aplazó la declaración de Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol (también imputado) al 17 de noviembre después de que el fiscal Ignacio Stampa comunicara que aportaría documentación adicional sobre el caso.

Investigación por presuntas mordidas en la SEPI

El 10 de diciembre de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Leire Díez Castro y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades y cobro de mordidas en contrataciones públicas. Al día siguiente, también detuvo al empresario Antxon Alonso, también investigado en el caso Koldo y presuntamente vinculado al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, los agentes practicaron 19 registros en varios establecimientos que incluyen las sedes de empresas y entes públicos como la SEPI, Mercasa o ENUSA y llevaron a cabo requerimientos de información a Correos y organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica con el objetivo de recabar información sobre adjudicaciones de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañados.

La investigación de la UCO atribuye a los tres investigados la obtención de comisiones ilegales por valor de 750.614 euros a cambio de influir en al menos cinco operaciones de la SEPI presuntamente amañadas para favorecer a empresas privadas o para la adjudicación de ayudas públicas, valoradas en alrededor de 132,9 millones de euros, entre los años 2021 y 2023. Los investigadores sostienen que estas operaciones se canalizaron a través de un grupo de WhatsApp denominado «Hirurok» (palabra que en el idioma euskera significa «nosotros tres»), el cual estaba integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. Las pesquisas se centran en presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

El 4 de junio de 2026, la UCO registró la sede central de la empresa vasca Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y sus oficinas en Bilbao, además de realizar un requerimiento de documentación sobre esta compañía a la SEPI, en el marco de una pieza del caso que instruye la Audiencia Nacional.

El 22 de junio de 2026, se dio a conocer un informe de la UCO del 6 de mayo que señala que los integrantes del grupo Hirurok utilizaron su influencia política para conseguir el rescate de la empresa Tubos reunidos por valor de 112,8 millones de euros en 2021 y la postergación de un pago de devolución de 10 millones de euros a la SEPI por aquel rescate en 2024, realizando para ello gestiones con cargos del Partido Nacionalista Vasco como Andoni Ortuzar o Joseba Aurrekoetxea. Según la UCO, el grupo habría cobrado un total de 247.459 euros por su intermediación en ambas operaciones presuntamente amañadas, de los que 114.959 serían por haber logrado el rescate y los otros 132.500 por las gestiones posteriores para la empresa.

Ampliación de la causa

Durante 2026, el caso adquirió una dimensión mucho mayor tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz comenzó a investigar una presunta estructura coordinada destinada a interferir en causas judiciales sensibles para el PSOE y el entorno del Gobierno, integrando en una misma investigación a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, varios abogados, empresarios y antiguos cargos socialistas.

Según los informes policiales y diversas resoluciones judiciales difundidas por la prensa, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en los audios filtrados y pasó a analizar una posible red organizada de captación de información sensible, campañas de descrédito contra jueces, fiscales y miembros de la UCO, así como presuntos pagos encubiertos mediante facturación falsa.

Entre los nuevos investigados figuraban Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; Ana María Fuentes, gerente del partido; el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías; y el abogado Ismael Oliver. Las diligencias apuntaban a que parte de las actividades atribuidas al grupo habrían sido financiadas indirectamente mediante estructuras vinculadas al partido.

Registros y actuaciones de la UCO

La Guardia Civil documentó decenas de reuniones entre Leire Díez y dirigentes o intermediarios relacionados con el PSOE entre 2024 y 2025. Según distintas informaciones periodísticas, los investigadores analizaron registros de visitas a la sede del PSOE, documentación contable, correos electrónicos y sistemas internos de gastos del partido.

El 27 de mayo de 2026, agentes de la UCO registraron durante más de doce horas la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz por orden judicial. Los investigadores solicitaron documentación económica, registros de visitas y acceso al sistema informático interno del partido en relación con la presunta financiación de operaciones dirigidas a desacreditar investigaciones judiciales.

El 9 de julio de 2026, la UCO presentó un informe en el atribuía a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, una «participación preeminente» en la presunta trama. La UCO sostiene que Serrano orquestó y amañó la contratación de Leire Díez en Correos en noviembre de 2021 mediante un proceso selectivo simulado en el que se diseñó un perfil a medida para ella, permitiéndole incluso modificar las bases de la convocatoria antes de ser seleccionada. El informe sitúa esta maniobra como una acción coordinada junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y enmarcada dentro de los intereses del grupo Hirurok, vinculado al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El objetivo de colocarla era posicionar a personas de confianza para orientar contratos públicos.

La UCO detalla que, bajo la presidencia de Serrano, Correos adjudicó de manera presuntamente irregular contratos de asesoría al bufete SDEP & Carrillo Abogados. Dicho despacho redactaba los propios pliegos de las licitaciones que luego ganaba y, como contraprestación, habría transferido presuntamente un total de 213.995 euros a Vicente Fernández entre 2022 y 2024. Además, también documenta el cruce de miles de mensajes intervenidos entre Serrano y Díez en los que hablan sobre «proteger al presidente» y coordinar acciones de fontanería política durante el periodo de reflexión que se tomó Pedro Sánchez para decidir si seguía como presidente tras la imputación de su esposa.

El 14 de julio de 2026, la UCO presentó otro informe en el detallaba que el PSOE utilizó la consultora de su exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, como pantalla para realizar pagos encubiertos de 43.225 euros a Leire Díez. Según el informe, el dinero que pagaba la consultora a Díez tenía su origen real en el partido y su destino final era sufragar las actividades con las que la presunta trama habría intentado desestabilizar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Presuntas presiones a fiscales

Las pesquisas también incorporaron presuntos intentos de soborno o presión a fiscales anticorrupción como José Grinda e Ignacio Stampa. Según la Fiscalía, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol habrían actuado de forma «coordinada» para obtener información sensible y neutralizar investigaciones que afectaban tanto a políticos como a empresarios.

En distintos escritos judiciales y recursos de la Fiscalía se describió el supuesto objetivo de «anular o malbaratar» actuaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción mediante la obtención de información comprometedora, filtraciones, campañas mediáticas y ofertas de favores procesales.

Maniobras contra el Partido Popular

Las actividades de Díez no se limitaron al ámbito del PSOE, sino que buscaron establecer puentes con actores del anterior gobierno del Partido Popular. La investigación ha revelado contactos y reuniones entre la principal investigada y Francisco Martínez Vázquez, quien fue Secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP) y está acusado en el 'caso Kitchen' por un presunto espionaje a Luis Bárcenas. Según los informes del sumario de la UCO, ambos se reunieron los días 15 y 24 de julio de 2024. Díez le ofreció a Martínez un acuerdo: le garantizaba un pacto con la Fiscalía a favor de Martínez a cambio de que él le proporcionara información sobre operaciones policiales y contactos en el ámbito de Villarejo y la llamada "policía patriótica" durante su etapa en el Ministerio del Interior. Martínez, aunque manifestó no tener relación con el excomisario Villarejo, se comprometió a intentar conseguir información para Díez.

Los cuadernos de Leire Díez vinculan en dos ocasiones a la "cúpula del PP" con "pagos a narcotraficantes". También vincula pagos a Pablo Vioque, fundador de Alianza Popular y destacado del narcotráfico español en la década de los noventa, quien planeó en 2003 el asesinato del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional.

Referencias

• Datos: Q140393129